En el marco del escándalo judicial conocido como la “Ruta del dinero K”, el Tribunal Oral Federal N° 4 de Comodoro Py ordenó, este miércoles, el regreso a prisión de Lázaro Báez, el empresario santacruceño condenado por maniobras de lavado de activos. Báez, quien hasta ahora cumplía arresto domiciliario en una casa de El Calafate, será trasladado por una comisión de Gendarmería Nacional hasta la cárcel de Río Gallegos.
La decisión judicial lo obligará a completar el cumplimiento de la condena de 10 años de prisión en una unidad penitenciaria, tras la confirmación de ayer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que dejó firme la sentencia contra Báez por su participación en el lavado de al menos 55 millones de dólares. La condena había sido apelada por la defensa, pero la instancia superior no dio lugar a los planteos y avaló lo resuelto en los tribunales inferiores.
El penal elegido es la Unidad 15 del Servicio Penitenciario Federal, situado sobre la avenida que lleva el nombre del expresidente Néstor Kirchner en la ciudad de Río Gallegos. Está compuesto por tres pabellones y una casa de preegreso con una capacidad total para 118 personas. La cárcel en la que terminará de cumplir su sentencia es de mediana seguridad, a diferencia del complejo penitenciario de Ezeiza, donde Báez estuvo en su primera etapa de detención por la causa de la “Ruta del dinero K”, desde el 5 de abril de 2016 hasta el 12 de diciembre de 2019, que es de máxima seguridad.
La defensa del empresario, encabezada por el abogado Juan Villanueva, intentó evitar el traslado, argumentando que gran parte de la pena ya había sido cumplida entre prisión preventiva y arresto domiciliario. Sin embargo, el tribunal entendió que los períodos de detención corresponden a causas diferentes y no pueden computarse de forma conjunta, dado que el expediente que hasta el día de hoy lo obligó a cumplir la prisión domiciliaria, tras haber sido liberado, está vinculado a la compra del campo “El Entrevero” en Uruguay, que aún no tiene la condena firme a cuatro años y medio de cárcel.
No obstante, la defensa puede apelar el fallo para que sea revisado por la Cámara Federal de Casación Penal. Por el momento, sostuvo que Báez lleva nueve años y dos meses de prisión porque ambas causas forman parte del mismo expediente y, por lo tanto, pidió al Tribunal que, hasta que no se elabore una pena única que cuente todo el tiempo, el empresario mantenga la actual situación domiciliaria. La Fiscalía, por su parte, calculó que Báez estuvo detenido durante tres años, seis meses y ocho días en lo que refiere a la causa de la “Ruta del dinero K”, por lo que le restan seis años, seis meses y 22 días de prisión efectiva, una postura que el tribunal hizo suya al desestimar los planteos de la defensa. El traslado se concretará en las próximas horas.
“Disponer la inmediata detención y/o captura de Lázaro Antonio Báez a efectos del cumplimiento de la pena impuesta en la presente causa por sentencia firme, y su posterior alojamiento en una unidad dependiente del Servicio Penitenciario Federal conforme las consideraciones expuestas“, sostuvieron los jueces Néstor Costabel, Ricardo Basílico y Fernando Canero en su fallo. “En ninguna de todas las instancias se hizo lugar a la demanda de la defensa de considerar las prisiones preventivas cumplidas en ambos expedientes como una única e ininterrumpida detención, sino que, por el contrario, se confirmó la interpretación realizada en cuanto a que cada prisión preventiva respondía a diferentes hechos materiales, dictadas en diversos momentos y que debían ser analizadas en el marco de cada expediente en particular”, continuaron los magistrados en su resolución.
Asimismo, señalaron que “la actual postura de la defensa no presenta ningún elemento novedoso que imponga a este Tribunal apartarse de los criterios ya sostenidos –que ahora se comparten- en cuanto a que Lázaro Antonio Báez ha sufrido distintas prisiones preventivas que corresponden a diversos hechos que conforman los objetos de las diferentes causas que lo tienen involucrado”.
Además, la Justicia deberá definir en los próximos días la situación de otros tres condenados en el mismo expediente, que ya estuvieron presos y les resta cumplir pena: el abogado Jorge Chueco, el contador Daniel Pérez Gadín y Martín Báez, hijo del empresario. Para los dos primeros, el fiscal pidió que vuelvan a prisión, mientras que en el caso del hijo, se solicitó el otorgamiento de la libertad condicional.
Este nuevo capítulo judicial se configura como un precedente clave en el entramado de corrupción vinculado a la obra pública en Santa Cruz, en el que también fue condenada ayer, en otro expediente, la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner a seis años de prisión por la causa “Vialidad”.
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