La marcha contra la reforma de la ley 7.722 llegó esta mañana a la Casa de Gobierno de la provincia de Mendoza. Ocurre después de que el viernes, los legisladores mendocinos aprobaron modificaciones a la ley y habilitaron la actividad minera con el uso de sustancias químicas.
Bajo consignas como “No se negocia el agua de Mendoza” o “Veto, veto, veto, veto”, vecinos y ambientalistas locales comenzaron ayer una marcha en la localidad de San Carlos, perteneciente al Valle de Uco, a unos 100 kilómetros de la capital, que concluye ahora frente a la sede del gobierno de Mendoza.
Miles de personas marcharon desde ayer hasta la capital mendocina.
Greenpeace alertó que “la modificación a la ley 7.722 permite el uso de mercurio, ácido sulfúrico, cianuro y tóxicos en el desarrollo de la megaminería, lo que generará la contaminación del agua de la provincia”.
El ex diputado Fernando Pino Solanas y el Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, fueron varias de las personalidades que adhieren a las protestas conta los cambios a la ley de Minería.
Pino Solanas✔@fernandosolanas
La Ley 7722 de Mendoza protegía el agua prohibiendo el uso de sustancias tóxicas en la minería. Esta norma había nacido en las calles.
Su modificación significa una regresión ambiental que pone en peligro el futuro de la región.#La7722NoSeToca
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21:15 – 22 dic. 2019
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Enrique Viale@EnriqueViale
· 23h
En respuesta a @EnriqueViale
Arden las calles y rutas de Mendoza…
Nunca hay que subestimar a ese pueblo que lleva el agua en su ADN.#LaLey7722NoSeToca
Enrique Viale@EnriqueViale
El Premio Nobel de la Paz, Adolfo Perez Esquivel, se solidariza con las movilizaciones del pueblo mendocino en defensa del agua.#La7722NoSeToca
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16:45 – 22 dic. 2019
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Sin embargo, el secretario de Ambiente Humberto Mingorance, aseguró que “las modificaciones a la 7722 garantizan el cuidado del agua y del medio ambiente ya que están reguladas por el plan de ordenamiento territorial”.
Los dichos del funcionario son parte de una campaña de comunicación que se inició a pedido del gobernador radical, Rodolfo Suárez, para contrarrestar las protestas. A través de un comunicado, Ambiente insistió en que ese organismo y la “Policía Ambiental, estarán a cargo de llevar el control y el seguimiento de todo emprendimiento que pueda provocar un impacto ambiental“, mientras que el Departamento General de Irrigación deberá ejercer el control sobre el uso del agua.
Así y todo, las organizaciones ambientalistas sostienen que la reforma de la ley es inconstitucional por violar los principios de no regresión ambiental y el de progresividad. Y junto con las Asambleas, irán a la Justicia y llevarán el caso a estrados internacionales.
Filo News.-
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