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“No no voy a financiar a ese traidor”. La frase, de uno de los secretarios generales de un gremio muy afectado por el impuesto a las Ganancias, demuestra el fastidio y el rencor que muchos dirigentes les tomaron a los gobernadores peronistas que militaron para que el proyecto que recibió media sanción en la Cámara de Diputados no lograra dictamen en la Comisión de Presupuesto del Senado, donde el PJ tiene amplia mayoría.

El más apuntado entre los jefes provinciales es Juan Manuel Urtubey, quien respaldó desde el primer momento en este y otros temas la postura de la Casa Rosada. Pero también hubo enojos con otros. El telón de fondo de la discusión, una vez más, es la crisis económica del país. Los gobernadores, tras un año de fuerte recesión y caída de todos los indicadores de actividad económica, ven que sus fondos son cada vez más escasos, antes de un año electoral clave.

Y Ganancias representa un ingreso fiscal de más del 7% del Producto Bruto Interno (PBI) nacional. Uno de los más altos de los coparticipables.

En ese escenario, no les tembló el pulso para dejar atrás los reclamos de sus gremios locales, ni su pertenencia partidaria, para asegurarse que no serán perjudicados.

Fue una gran jugada del gobierno nacional, hay que decirlo, sacar de la mesa el veto presidencial, y prometer trasladar la totalidad del costo fiscal (también magnificado para generar temor) a las provincias. Para los gremios, la avanzada opositora (similar a la de la Emergencia Social, que doblegó al gobierno) era la chance perfecta de colgarse al menos una medalla en un 2016 lleno de derrotas históricas.

Y la promesa de un 2017 difícil, donde el gobierno buscará una vez más paritarias por debajo de la inflación real. La oposición decidió comenzar la campaña del 2017 con la discusión por Ganancias, y ante la intransigencia del oficialismo para negociar un proyecto de consenso, avanzó igual.

El Senado le deparó un duro freno, que dejó heridas profundas en el seno del peronismo. Es en ese marco, de fastidios, enojos, rencores e incertidumbre, que los encargados de lograr un nuevo proyecto, “superador” como lo llaman, deben conseguir una fórmula capaz de conciliar la desesperación de los gobernadores por no incrementar los impuestos a las actividades que mueven las ruedas de sus economías (ahí el rechazo a reponer retenciones a minería), ni perder fondos del reparto nacional que se coparticipa al cobrarles a los trabajadores; la necesidad de los gremios de mostrar un avance que no encubra un retroceso tan grande como el de principios de este año (que agregó a otro medio millón de empleados a la carga del tributo), y el terreno político donde los referentes de la oposición fueron fustigados públicamente, justo antes de pedirles un acuerdo. ¿Llegarán?

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