En un giro inesperado que provocó el festejo alborozado de la bancada kirchnerista, el Senado rechazó el proyecto de ley de ficha limpia, que buscaba impedir que quienes tengan una condena confirmada en segunda instancia por delitos de corrupción contra la administración pública se presenten como candidatos.
Para el fracaso de la iniciativa fue clave la vuelta de campana de los senadores del Frente Renovador de Misiones, Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, que hasta ayer sostenían que iban a apoyar la iniciativa, pero que, de manera sorpresiva, terminaron votándola en contra. Ninguno de los dos legisladores habló durante las casi siete horas que duró la sesión.
Así, la votación terminó con 36 votos a favor y 35 en contra. Como Ficha Limpia es una reforma electoral, la Constitución exige la mayoría absoluta de los miembros de ambas cámaras legislativas, que en el caso del Senado son 37 votos afirmativos.
Al haber sido rechazado, el proyecto no sólo tendrá que iniciar de nuevo todo el trámite legislativo de su debate en ambas cámaras, sino que no podrá ser tratado hasta el próximo período legislativo, que comienza el 1 de marzo de 2026.
El giro de los renovadores misioneros, que se han mostrado como férreos aliados de la Casa Rosada durante el último año y medio, no hizo más que agitar los rumores de que fue el propio Poder Ejecutivo el que boicoteó la sanción de la ley, a pesar de las declaraciones públicas del presidente Javier Milei y de los legisladores oficialistas.
La caída del proyecto dejó sin sentido el extenso debate de casi siete horas, que estuvo cruzado por las denuncias de los senadores de Unión por la Patria, para quienes la iniciativa tiene como única finalidad “proscribir” a Cristina Kirchner, que desde el año pasado tiene una condena a seis años de prisión por administración fraudulenta agravada por ser en perjuicio del Estado en la denominada causa Vialidad confirmada por la Cámara de Casación Penal.
La norma fue aprobada por la Cámara de Diputados en febrero último luego de dos intentos frustrados y modificaba la Ley Orgánica de los Partidos Políticos y el Código Nacional Electoral, entre otras leyes. Establecía que el plazo del impedimento para quienes quedasen alcanzados por la norma sería igual al plazo de la condena y se contará desde el momento de la sentencia.
En el Senado, el oficialismo había postergado en dos oportunidades el debate de la iniciativa por expresas directivas del Gobierno. La apertura de la sesión se alcanzó con el aporte de La Libertad Avanza, el Pro, la UCR y los bloques provinciales y aliados del Gobierno nacional. En ese momento, nadie esperaba el final que tuvo la sesión.
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