El martes pasado, el Gobierno anunció su intención de dar de baja la ley de alquileres, normativa que había sido aprobada a fines de 2019.
Esta decisión fue tomada en un almuerzo entre el presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía, Sergio Massa, y se estima que, en caso de avanzar, se haría mediante un decreto de necesidad y urgencia (DNU). La ley de alquileres había cambiado las reglas al fijar tres años de contrato y un ajuste anual por inflación y variación salarial, generando grandes quejas tanto de los inquilinos como de los propietarios.
La ley de alquileres entró en vigencia en julio de 2020 y, desde su implementación, provocó incertidumbre e inseguridad jurídica en el mercado, lo que se trasladó al precio de la renta. Los principales cambios de la norma, respecto a cómo se daban los convenios previamente, son la ampliación del plazo de los contratos y la actualización anual del monto a pagar. Con la ley, el importe del arrendamiento se realiza mediante una cuenta en base a un índice que establece el Banco Central, que cruza salarios e inflación.
Como consecuencia de su implementación, el costo del alquiler en Argentina subió un 245 por ciento. Además, desde julio de 2020 hasta marzo de 2023, el índice de alquileres computa un total de 32 meses consecutivos de crecimiento. En este contexto, los contratos que se renovaron en marzo tuvieron subas de un 89,9 por ciento. En tanto, se estima que quienes lo hagan durante este mes verán un aumento de entre 92,59 y 93,75 por ciento, según las estimaciones del Instituto de la Vivienda de la Ciudad.
La decisión de dar de baja la ley de alquileres se da en un contexto complicado para el sector, dado que hay poca oferta y tanto los precios como la demanda crecen. Si bien aún no se brindaron detalles de cómo sería el nuevo esquema, en el caso de concretarse, el Gobierno suspendería la ley por 180 días con un DNU que restablezca la legislación anterior. Además, se estima que se sumarían algunos beneficios impositivos para los propietarios que decidan destinar sus inmuebles al mercado de los alquileres. En este sentido, con el objetivo de aumentar la oferta (que en la actualidad está en el mínimo histórico), la renta del negocio no pagaría Ganancias y la propiedad estaría exenta de Bienes Personales.
La ley de alquileres tenía como objetivo “ordenar” la situación habitacional en el contexto económico de Argentina, pero sus resultados fueron controvertidos y generaron un gran malestar en la población. Por un lado, los inquilinos se quejaron de que los nuevos contratos les significaban un aumento considerable en el costo de vida, mientras que los propietarios se quejaron de que el índice utilizado no reflejaba los verdaderos costos de mantenimiento y reparación de las propiedades.
Ante esta situación, muchos inquilinos se han visto en la necesidad de buscar opciones más accesibles, incluso abandonando las grandes ciudades y mudándose a localidades más alejadas donde el precio de los alquileres es más bajo. Por otro lado, también ha habido un aumento en la cantidad de personas que deciden adquirir una vivienda propia, aunque esto no es una opción viable para todos.
Por su parte, los propietarios también han sufrido las consecuencias de la ley de alquileres. Si bien algunos han visto aumentar sus ingresos por el aumento de los precios de los alquileres, otros han tenido dificultades para mantener sus propiedades en buen estado debido a la falta de recursos económicos. Además, la falta de oferta ha hecho que muchos propietarios tengan dificultades para conseguir inquilinos para sus propiedades.
Ante este panorama, la decisión del Gobierno de dar de baja la ley de alquileres ha sido recibida con diferentes opiniones por parte de los distintos actores del mercado inmobiliario. Mientras que algunos propietarios han mostrado su conformidad con la medida, otros han expresado su preocupación por la incertidumbre que genera no saber cómo será el nuevo esquema. Por su parte, los inquilinos han manifestado su temor a que la eliminación de la ley signifique un retroceso en sus derechos y una mayor precarización de su situación habitacional.
En definitiva, la eliminación de la ley de alquileres propuesta por el Gobierno argentino ha generado una gran incertidumbre en el mercado inmobiliario. Si bien aún no se conocen los detalles del nuevo esquema que se implementará en caso de avanzar, lo cierto es que la medida tendrá un impacto significativo tanto en los inquilinos como en los propietarios. Solo queda esperar para conocer cómo se desarrollará esta situación y cómo afectará al sector habitacional del país.
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