Entre listas de traidores, duras acusaciones y catarsis variadas, las aguas siguen revueltas en el Congreso tras el naufragio de la Ley Ómnibus. Oficialismo y oposición comparten la certeza de que el proyecto, tal como fue propuesto, no volverá a tratarse en Diputados.
Los “dialoguistas” insisten -aunque con serias dudas de que Javier Milei haya tenido alguna vez intención de aprobar una ley- en que el Gobierno divida el paquete de reformas en varias iniciativas y vuelva a negociar cuando “baje la espuma”, con los gobernadores incluidos.
Ante la amenaza de nuevos DNU para suplir la falta de apoyo en el Congreso, en la oposición parlamentaria anticipan un conflicto de poderes y una “fecha de vencimiento”, mientras que la posibilidad de una “consulta popular” -que también volvió a sonar en Casa Rosada- fue interpretada como “una cortina de humo” con fines prácticos muy limitados y de difícil concreción. Esas mismas bancadas dialoguistas reconocen, por otra parte, la situación incómoda en la que quedaron.
Considerando las seis reuniones de las comisiones de Legislación General, de Presupuesto y de Asuntos Constitucionales, que según el cálculo oficial de la Cámara Baja se reunió durante 70 horas, sumadas las más de 30 horas de debate en el recinto entre votación en general y particular, desde el 9 de enero pasado, la Ley Ómnibus insumió al menos 100 horas de debate formal. Esto es, sin contar las múltiples reuniones entre legisladores, jefes partidarios, gobernadores, autoridades parlamentarias y funcionarios nacionales, que se dieron en paralelo.
Con esa mochila, legisladores del oficialismo y oposición que viven en el interior comenzaron a regresar a sus provincias. Los bloques hicieron sus primeros balances, analizaron las causas del fracaso parlamentario y, en el caso de los opositores, resolvieron estrategias discursivas para responder a las acusaciones del Gobierno contra los “traidores” y exponentes de la casta, una lista en la que la Oficina del Presidente puso incluso a diputados -por ejemplo radicales- que aprobaron el proyecto en general y todos los primeros artículos, salvo un inciso.
En el día posterior a la caída del proyecto, los bloques opositores no esperaban que el Gobierno fuera a reiniciar el debate de la Ley Ómnibus en comisiones, ni una rápida reacción parlamentaria del oficialismo. En general reinaba la sensación de que no sucederá mucho más en Diputados hasta el regreso la semana que viene de Javier Milei a la Argentina. Por lo pronto, desde el 15 de febrero, debería volver a prorrogar el periodo de sesiones extraordinarias.
“Ahora la pelota la tiene el Presidente”: el pronóstico era compartido, con matices de enojo, por legisladores de espacios diversos como el PRO (que, pese a las internas, fue el espacio opositor que mostró mayor unidad de acción y acompañó en todas las votaciones al oficialismo), la UCR (que votó dividida, pero ya había advertido exactamente qué artículos no acompañaría), Hacemos Coalición Federal (que acompañó menos de lo previsto en la previa) e Innovación Federal (ligado a gobernadores de fuerzas provinciales, que tuvo una posición mucho más dura que la anticipada).
La gran incógnita en el Congreso era si Milei tenía intención de recomponer el diálogo con la oposición y cómo. Fundamentalmente con los gobernadores provinciales, y sobre todo con algunos como el cordobés Martín Llaryora -parte de una fuerza que hasta ahora tiene hombres en el Gobierno nacional y en el control de “cajas” clave como la Anses-, el rionegrino Alberto Weretilneck, el neuquino Rolando Figueroa, el salteño Gustavo Sáenz o el misionero Hugo Passalacqua.
En los bloques federales insisten en que sea el Presidente el que convoque a todos los mandatarios a una reunión, ya sin intermediarios con escaso poder de decisión (como algunos consideran al ministro del Interior, Guillermo Francos), si es que tienen intenciones no solo de aprobar lo que quede de la Ley Ómnibus, sino también el potencial nuevo “pacto fiscal” o la reforma laboral que el Gobierno había dejado trascender que enviaría al parlamento.
Por otra parte, en el oficialismo, pero también espacios como el PRO y la UCR señalaban que, en el corto plazo, los que tienen más para perder son los propios gobernadores, que “en un mes o dos van a tener que empezar a pagar sueldos en cuotas”, según señalaba un legislador opositor. Entre tironeos y advertencias, todos esperaban que, antes de cualquier decisión, primero “baje la espuma”.
Fuente: TN.
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