Bajo una jornada de protesta nacional, centros de atención y transportistas denunciaron atrasos en los pagos que datan de noviembre de 2025. En San Luis, la manifestación reflejó el drama de un sector que se declara en estado de abandono.
Este jueves 5 de marzo, el sector de discapacidad volvió a ganar las calles en todo el país. Lo que comenzó como una concentración frente al Ministerio de Salud de la Nación en CABA, se replicó con fuerza en provincias como Córdoba, Mendoza y San Luis, donde el reclamo es unánime: el sistema de atención para personas con discapacidad está al borde del colapso definitivo.
En la capital puntana, la movilización dejó al descubierto una realidad asfixiante. Los prestadores denuncian que la falta de pago de los haberes —con deudas que se arrastran desde noviembre de 2025— ha provocado que muchos centros cierren sus puertas o reduzcan su jornada a la mitad para intentar sobrevivir.
“El Estado nos ha abandonado. Muchos centros en la región ya están cerrando y otros venimos resistiendo con media jornada para que los chicos no pierdan su lugar”, explicó uno de los referentes de la marcha en San Luis.
En San Luis somos un montón de centros, lamentablemente no hubo adherencia para poder expresarnos todos. Nosotros tomamos la decisión de no pasar desapercibido el pedido nacional, y mostrar el mensaje que queremos decir, que justamente el Estado, en este caso, nos ha abandonado a nosotros.[Pedro Sposetti del centro educativo terapéutico VITA ]
La crisis no solo afecta a los profesionales, sino que impacta de lleno en la calidad de vida de los pacientes. Los transportistas, pieza clave para el acceso a las terapias, se han visto obligados a recortar servicios ante la imposibilidad de costear el combustible, interrumpiendo tratamientos vitales.
A pesar de haber mantenido reuniones con la Ministra de Salud provincial y referentes de OSEP e INCLUIR SALUD, los manifestantes recibieron una respuesta desalentadora: las autoridades locales afirman no tener injerencia sobre las decisiones de Nación.
La mirada está puesta ahora en la gestión de Vilches, el nuevo responsable del área de Discapacidad en el Ministerio de Salud nacional. “Esperamos que se digne a pagar los expedientes. Toda la nación está esperando para que las personas vuelvan a tener sus servicios”, señalaron durante el corte.
Los puntos clave del reclamo:
Atraso en los pagos: Deudas acumuladas desde hace más de cuatro meses por parte de Incluir Salud y PAMI.
Desactualización de aranceles: Los nomencladores han quedado pulverizados frente a la inflación, haciendo insostenible la prestación.
Emergencia en Discapacidad: Exigen el cumplimiento de la ley para frenar lo que consideran un “desmantelamiento” del sistema.
La jornada cerró con un mensaje cargado de impotencia pero con firmeza: “No queremos molestar, pero somos invisibles a los ojos de la sociedad y del Estado”. Mientras la situación no se normalice, el derecho a la salud y la educación de miles de personas con discapacidad seguirá dependiendo de la voluntad de resistencia de quienes hoy, apenas pueden sostenerse en pie.
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