El viernes, luego de múltiples demoras judiciales y una larga espera, comenzó el juicio oral por la muerte de la sargento de Policía Cecilia Benítez, quien perdió la vida el 7 de febrero de 2024 en un accidente de tránsito ocurrido en la Autopista 25 de Mayo. La audiencia se desarrolla en el tribunal a cargo de la jueza Adriana Lucero Alfonso.
El proceso judicial había sido reprogramado en marzo, lo cual sorprendió a los familiares que ya se encontraban en sede judicial, aguardando un avance significativo en la causa. Hoy, finalmente, ese paso se concretó.
La imputada, Naira Mijal Ledezma, enfrenta cargos por homicidio culposo y lesiones graves con dos agravantes: conducir con un nivel de alcoholemia igual o superior a 500 miligramos por litro de sangre y bajo los efectos de estupefacientes. Según la acusación, Ledezma habría invadido el carril contrario al mando de un Toyota Etios, colisionando de frente contra el Volkswagen Voyage en el que viajaban Benítez y su madre.
Cecilia Benítez, de 35 años, falleció tres días después del siniestro, mientras su madre sufrió lesiones severas que la dejaron en silla de ruedas tras someterse a cinco cirugías y recibir siete prótesis en un mes. “Ella hoy en día no camina realmente como ella caminaba y para donde se tiene que mover, tiene que ir acompañada, cuando su vida anterior realmente era normal como cualquier persona”, relató Nazarena Arguelles, hija de Cecilia.
Además del inmenso dolor por la pérdida, la familia enfrenta ahora el desafío de contener a una niña de 12 años, hija de la víctima, quien vive el duelo en medio de una niñez quebrada por la tragedia. “También esto lo hago por ella porque ella realmente es muy buena y me duele mucho que haya perdido a su mamá, sabiendo que es muy chica”, expresó su hermana, quien asumió su cuidado.
La causa tuvo un desarrollo procesal irregular. Ledezma pasó 90 días detenida de manera preventiva, para luego continuar en libertad durante un año, mientras se sustanciaban las pericias y se resolvían las cuestiones de competencia judicial. Ahora, la instancia oral busca esclarecer responsabilidades y ofrecer algún tipo de reparación simbólica para una familia que, como Arguelles dijo, “no ha vuelto a ser la misma”.
Cecilia Benítez era sargento de la Policía de San Luis, trabajaba en el edificio judicial y era reconocida por sus colegas como una profesional comprometida. “Con su cinturón de seguridad, respetaba la velocidad y ella del trabajo a casa y nada más”, recuerda Arguelles.
La historia de Benítez no es un caso aislado, sino parte de una problemática creciente en las rutas argentinas: la conducción bajo efectos de sustancias, que sigue cobrando vidas inocentes.
“Espero que nos escuchen y que realmente se haga justicia por nosotros para que las cosas empiecen a cambiar”, concluyó la hija de la víctima.
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