La Justicia de San Luis dio un paso clave en la investigación por presuntos hechos de corrupción durante la gestión provincial anterior. La Fiscalía de Instrucción N° 6, a cargo de la Dra. Linda Maluf, logró que se formularan cargos contra tres exfuncionarios por el uso indebido de fondos públicos destinados a combustible.
Los involucrados en la causa son Anzolovich, Ametrano y Balbo. Tras la audiencia de formulación de cargos, el juzgado dispuso una serie de medidas de coerción por un plazo de 120 días:
Inhibición general de bienes para los tres imputados.
Prohibición de salida del territorio nacional.
Firma mensual del libro de imputados ante la Fiscalía.
La línea de investigación apunta a un fraude sistemático que se habría extendido por aproximadamente dos años. El eje de la denuncia presentada por la Fiscalía de Estado se centra en:
Uso indebido de un vehículo oficial.
Cargas exageradas de combustible: Se sospecha que el combustible no era utilizado por la unidad oficial (que en algunos periodos ni siquiera habría estado operativa), sino que se desviaba a vehículos de terceros no autorizados.
Responsabilidades: Balbo era el encargado directo de manejar el vehículo y autorizar las cargas, mientras que la investigación busca determinar el grado de conocimiento y omisión de Anzolovich y Ametrano como autoridades jerárquicas.
Según la acusación, el foco está puesto en una camioneta Toyota Hilux oficial, asignada a la cartera productiva y utilizada por Balbo, en la que se registraron 356 cargas de combustible pese a que el vehículo se encontraba fuera de funcionamiento.
La Fiscalía sostuvo que el combustible no fue utilizado para el rodado oficial, sino desviado a vehículos particulares no autorizados, generando un perjuicio económico concreto al Estado.
Declaraciones
Balbo declaró ante el tribunal y reconoció que la camioneta se encontraba en su domicilio. Alegó que existía un acuerdo con la Municipalidad de Ranquel y sostuvo que el combustible era utilizado para tareas comunitarias, aunque no precisó quién autorizaba formalmente las cargas.
Amitrano y Anzulovich optaron por no declarar. Sus defensas cuestionaron la imputación, argumentaron falta de individualización de conductas y anticiparon que profundizarán su estrategia en etapas posteriores del proceso.
El juez Flores Leyes dio por válida la formulación de cargos y la causa continuará con nuevas medidas probatorias, entre ellas pericias contables y ampliación de testimonios.
Próximos pasos
La Dra. Maluf aclaró que, si bien existe evidencia suficiente para la imputación y testimonios relevantes, la causa entra ahora en la etapa de Investigación Penal Preparatoria. Durante los próximos meses se recolectará nueva prueba para determinar si la cadena de mando estaba al tanto de las irregularidades y no actuó al respecto.
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