Este jueves falleció Nelson Madaf, un hombre cuya vida quedó marcada por una de las mayores aberraciones judiciales registradas en la historia de San Luis. Había sido encarcelado en 1992 acusado del asesinato de una adolescente que, años más tarde, fue hallada con vida en San Juan. Tenía 55 años y desde hacía tiempo enfrentaba complicaciones de salud derivadas de las brutales torturas sufridas durante su detención.
A comienzos de 1990, bajo el gobierno provincial de Adolfo Rodríguez Saá, la desaparición de una joven, Claudia René Díaz, derivó en una investigación centrada arbitrariamente sobre él. Sin pruebas y tras una carta anónima, que había llegado al juez del Crimen, Néstor Ochoa, donde lo acusaban de haber matado a la mujer y de enterrarla, fue capturado por la Policía provincial y sometido a torturas inhumanas hasta que, con el cuerpo destrozado, confesó un crimen que no había cometido. Incluso, indicó el lugar donde supuestamente había enterrado el cadáver, que nunca fue hallado y, en una entrevista, explicó que “estaba reventado. Preferí decir un supuesto lugar donde la había enterrado, antes que morir”.
Madaf fue detenido en el marco de un proceso plagado de irregularidades, cuando un equipo de la División de Investigaciones irrumpió en su casa una madrugada de 1992. La sospecha era que Nelson había tenido relaciones sexuales con la adolescente desaparecida y, tras embarazarla, la había llevado a una partera para que le practique el aborto, donde, según la versión que circulaba, ella había muerto.
Nelson Madaf era, en realidad, oriundo de San Juan. Sin embargo, una grave sequía en 1989 lo dejó sin trabajo en la provincia limítrofe, donde vivía de cargar bolsones de papas o cebollas en el campo, por lo que decidió mudarse a San Luis. En suelo puntano se dedicó a la fabricación de ladrillos, albañilería y carpintería.
Dos días antes de la desaparición de Díaz, el 14 de octubre, a la salida del colegio, la conoció y le compró un helado que tomaron en la Plaza Pringles. Después de eso, la acompañó hasta la esquina de su casa, para luego continuar con el camino hacia la suya. Era una caminata de media hora. Cuando llegaron, la joven golpeó la puerta y salió su mamá preguntándole quién la acompañaba. “Somos amigos”, le respondió ella. Finalmente, los amigos se despidieron, sin saber que no volverían a verse.
Los policías de San Luis de aquel entonces, o “baquianos”, como los denominó Ricardo Canaletti en las Crónicas de Canaletti sobre el Caso Madaf, tras conocer que Nelson Madafs había sido la última persona en ver a Claudia René Díaz con vida, “entran a las patadas a la casa, lo golpean, lo tiran contra el piso, le ponen una rodilla en el pecho, le ponen una capucha, lo sacan y lo suben en la parte de atrás de una camioneta policial y lo meten, a su vez, en una bolsa mucho más grande”, relata el periodista. También golpearon al padre, a un hermano y a una hermana embarazada. Posteriormente, lo transportaron a las orillas del Río V, camino a Villa Mercedes, donde le encadenaron un motor a la cintura, a modo de inmovilizarlo mientras intentaban ahogarlo como método de tortura.
En un momento, los agentes policiales le acercaron un revólver y se retiraron. La teoría de Canaletti sostiene que “lo que querían los policías era que se fugara para poder matarlo y decir después que Nelson tenía que ver con el crimen de Claudia René Díaz”. Nelson no tenía fuerzas siquiera para emprender la fuga, por lo que no reaccionó a esta situación. Entonces la Policía decidió trasladarlo a la División de Investigaciones de la provincia, donde le quemaron las rodillas y múltiples partes del cuerpo con cigarrillos.
En 1993, por orden de la gobernación, había que resolver el caso. “Con una aguja le traspasan las tetillas y lo cosen; con una pinza le arrancan las uñas de los pies; le quiebran las dos clavículas. Para el dolor, le van dando inyecciones con una aguja contaminada, método a través del cual le contagiaron HIV”, según detalla el periodista las atrocidades que sufrió Madafs ante el abuso de autoridad, cuando era tan solo un adolescente.
El magistrado también participó de las torturas, pues un golpe de puño con un anillo le dejó una marca a Madaf en el rostro, que llevó hasta el día de su muerte. En la División de Investigaciones “le arrancaron todos los dientes con una botella rota y después le echaron lavandina”, narraba Canaletti.
“Me colgaron de un árbol y me enterraron dos horas. Me partieron la cabeza con un arma, me molieron a golpes, tenía sangre en el estómago, me salía sangre de los oídos y de la nariz. Me ataron las manos y quedé inutilizado; aún hoy estoy discapacitado en un 90 por ciento y no puedo trabajar”, relató la víctima, años después, en entrevistas. Asimismo, sufrió la pérdida de la vista en un ojo, problemas auditivos y lesiones internas. “Aún puedo reconocer a algunos de los policías (de San Luis) que me torturaron. De algunos me acuerdo”, aseguró.
Fue liberado en 1995 por falta de pruebas, y luego de que la Argentina se adhirió al Pacto de San José de Costa Rica, pero su nombre recién fue limpiado en 1998, cuando Claudia Díaz apareció en San Juan con vida. Había escapado de su casa por problemas con su padre, desatando, sin querer, una pesadilla que arrasó con la vida de Madafs.
En 2009, tras más de una década de lucha, la Justicia provincial reconoció parcialmente los daños causados. Sin embargo, el fallo no identificó responsables ni permitió una reparación integral. Recibió una indemnización que apenas cubrió una parte mínima de lo que sufrió, dado que no pudo exigir la reparación que correspondía porque la ley impone restricciones cuando se demanda sin pagar las costas legales.
Desde entonces, su existencia transcurrió entre la pobreza, el olvido y la solidaridad de la comunidad. Sobrevivía con una pensión mínima, ayuda social y la asistencia de organizaciones de derechos humanos que nunca dejaron de acompañarlo.
Vivía en condiciones precarias junto a su madre, quien falleció de cáncer, y luego con su hermana, en una vivienda modesta, cedida por la Municipalidad de San Luis recién en 2019. Nunca recibió un tratamiento médico integral por parte del Estado, pues en varias oportunidades debió ser internado ante severas recaídas.
El deceso de Nelson Madafs no solo deja una historia de impunidad sin cerrar, sino que reabre el debate sobre las deudas que persisten en el sistema judicial y penitenciario argentino. Su vida, truncada por la violencia institucional, se convirtió en símbolo de lucha contra la tortura y la negligencia estatal.
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