La medida judicial responde a la complejidad de una investigación que se disparó tras el hallazgo fortuito de dispositivos electrónicos en las cocheras del Complejo Penitenciario N° 1, los cuales contenían grabaciones de abusos cometidos presuntamente en el ámbito doméstico del uniformado.
Durante la audiencia, la fiscalía alertó sobre el volumen del material incautado, que incluye alrededor de mil archivos digitales, lo que obliga a las autoridades a extender los plazos para identificar a posibles víctimas adicionales dentro de su entorno cercano.
La acusación, sostenida por las fiscales Antonella Córdoba y Mercedes García, detalló que el análisis de los dispositivos secuestrados reveló imágenes y videos de aparente producción local, registrados mediante cámaras ocultas instaladas en una vivienda. La gravedad del caso se incrementó al confirmarse que las víctimas identificadas hasta el momento son la hija y la cuñada del imputado, ambas menores de edad.
Ante la posibilidad de que existan otros niños damnificados aún no individualizados, el magistrado consideró que la libertad del penitenciario representaría un riesgo elevado para la integridad de los menores y un peligro concreto de entorpecimiento para la recolección de pruebas técnicas pendientes.
Por su parte, la defensa técnica del agente se opuso a la extensión de la medida de coerción, argumentando que los dispositivos ya se encuentran bajo custodia pericial y proponiendo el beneficio de la prisión domiciliaria con monitoreo electrónico. Sin embargo, el juez Flores Leyes desestimó el pedido al valorar que la investigación se desarrolla en un entorno digital complejo que demanda un estudio pormenorizado de tres pendrives, tarjetas de memoria y teléfonos celulares.
El magistrado enfatizó que la indeterminación de todas las posibles víctimas refuerza la necesidad de mantener la cautelar para proteger a personas en situación de extrema vulnerabilidad.
La causa se inició en octubre de 2025, cuando el entonces subdirector del Servicio Penitenciario denunció el hallazgo de unidades de almacenamiento que, en un principio, se sospechaba que contenían información sobre la seguridad del penal.
Tras la intervención del Departamento de Investigaciones de Delitos Complejos, se descubrió el contenido criminal que vinculó directamente al agente con las grabaciones. Y es por ello que, ante la resolución de prorrogar la detención y la etapa preparatoria, la defensa presentó un recurso de revisión, por lo que el caso será elevado al Tribunal de Impugnaciones para su tratamiento definitivo en los próximos días.
Fuente: San Luis 24.
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