Este lunes, pasadas las 9:00, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de San Luis dio inicio al juicio político contra el juez del Juzgado de Garantía N.º 4 de la Segunda Circunscripción Judicial, Dr. Santiago Andrés Ortiz.
La audiencia se desarrolla en la Sala de Acuerdos del Palacio de Justicia y es transmitida en vivo a través del canal oficial del Poder Judicial de San Luis.
El magistrado enfrenta acusaciones formuladas por el Procurador General de la Provincia en la causa identificada como JUR 77/25.
El debate oral está a cargo de un Jurado presidido por el Dr. Jorge Alberto Levingston e integrado por los Dres. Daniel César Calderón, María Claudia Uccello, Mauricio Secundino Daract, Carlos Leonardo García y Fernando Aníbal Suárez, junto a los diputados Carlos Roberto Pereira, Christian Ariel Gurruchaga y Lino Walter Aguilar.
La secretaría del Jury está a cargo de la Dra. Paola Giannini. En representación de la parte acusadora interviene el Procurador General de la Provincia, Dr. Eduardo Sebastián Cadelago Filippi, mientras que la defensa del magistrado está a cargo del Dr. Roberto Javier Pereira.
Desde el Poder Judicial recordaron que los trabajadores de prensa que deseen acceder a la sala deberán presentar DNI y credencial, la cual es entregada por la Guardia Policial en el hall del Palacio de Justicia antes del inicio del juicio.
Para las audiencias posteriores, será necesario concurrir con dicha documentación.
El Jurado de Enjuiciamiento es el órgano previsto por la Constitución Provincial para juzgar la conducta de magistrados y miembros del Ministerio Público en casos de mal desempeño, incapacidad sobreviniente, faltas graves o la comisión de delitos comunes.
La causa ingresa a esta instancia luego de más de dos meses de trámite desde que, el 23 de septiembre, el Jurado admitió la formación de causa y dispuso la suspensión del magistrado con el 50% del sueldo.
La decisión se tomó a partir de una denuncia del abogado Carlos Desiderio Díaz, quien objetó la actuación de Ortiz en su intento de excusarse de la causa que investiga hechos de corrupción en el Molino Fénix, donde se encuentran acusados el diputado Joaquín Beltrán y su pareja, la exdiputada Anabela Lucero. Cabe recordar que ambos fueron administradores del Molino Fénix durante las gobernaciones de Alberto Rodríguez Saá.
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