Un hombre de 33 años, con ceguera y autismo, debió ser ingresado en terapia intensiva en Villa Mercedes luego de que, según el relato de sus allegados, el servicio de guardia local omitiera controles básicos y se negara a realizar el traslado de urgencia, bajo el argumento de que la atención brindada había sido apenas una “gauchada”.
El cuadro comenzó con una inflamación abdominal extrema y dolor agudo. Pese a la condición de vulnerabilidad del paciente, la médica que acudió al primer llamado domiciliario se habría limitado a observar al hombre desde la puerta de la habitación, sin tomar signos vitales ni realizar una palpación física. Tras aplicar una inyección de antiespasmódicos sin dejar registro escrito, la profesional se retiró, dejando al paciente en una situación que se agravó con el correr de las horas.
Ante la persistencia de los síntomas, la familia solicitó una segunda asistencia. Según la denuncia de Leila, hermana del afectado, en esta oportunidad la médica no bajó de la ambulancia y envió al personal de enfermería a repetir la medicación, negando el pedido de derivación a un centro de mayor complejidad. La respuesta obtenida fue que cualquier trámite administrativo debía esperar hasta la mañana siguiente, ignorando la urgencia vital del caso.
Frente a la falta de respuestas oficiales, la familia decidió trasladar al hombre por sus propios medios al Policlínico Regional “Juan Domingo Perón” de Villa Mercedes. Allí, el diagnóstico fue crítico: los médicos detectaron un trastorno metabólico grave, deshidratación severa y una suboclusión intestinal con riesgo inminente de peritonitis. El paciente permaneció tres días en terapia intensiva con pronóstico reservado antes de lograr su estabilización.
El reclamo de justicia
Leila, quien es médica veterinaria y pudo identificar la gravedad de los síntomas, cuestionó duramente el accionar profesional al señalar que una simple maniobra de palpación habría bastado para detectar el riesgo. “Si no hubiéramos tenido un vehículo para movernos, mi hermano se moría”, sentenció, subrayando la desprotección que sufren los pacientes con discapacidad frente a la falta de protocolos de atención adecuados.
La familia evalúa iniciar acciones legales y presentaciones formales ante el Ministerio de Salud para que se investigue la responsabilidad de la guardia interviniente. El caso ha generado una fuerte conmoción en la comunidad, poniendo nuevamente en debate la calidad de la atención sanitaria en el interior provincial y la importancia de la responsabilidad profesional en los servicios de emergencia.
Fuente: Diario de la República.
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