El fiscal de Estado, Eduardo Allende, explicó que los casos fueron descubiertos “luego de que el Comité de Crisis se comunicara con laboratorios de otras provincias para cotejar datos, de lo que surgió que ocho de los camioneros que ingresaron a San Luis nunca habían ido a dichos centros de análisis o, por el contrario, lo hicieron al menos dos meses atrás y no recientemente”.
Allende remarcó que “esta situación es muy grave ya que los transportistas, al ingresar a la provincia, hacen una declaración jurada, por lo que están falsificando un documento público. Para estos casos lo que planteamos es un embargo de $500.000, ya que cada uno de estos hechos implica una movilización innecesaria por parte del Estado, además del perjuicio directo para con la población”.
Además, el fiscal de Estado confirmó que “hasta la fecha y en general, son más de 2 mil las causas penales que se encuentran en trámite por distintas violaciones a los protocolos”.
Por su parte, el gobernador, Alberto Rodríguez Saá, resaltó que “esta actitud representa un potencial riesgo de ingresar el COVID-19 a la provincia, pero debemos destacar que la gran mayoría de la comunidad, como también la gran mayoría de los camioneros, sí está cumpliendo maravillosamente con los protocolos de seguridad”.
Fuente: ANSL
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