Continuará detenido un hombre de 35 años a quien la Fiscalía de Género N° 1 de la Primera Circunscripción lo imputó por el delito de abuso sexual agravado en perjuicio de su hija y una sobrina, ambos menores de edad. Los presuntos delitos contra la integridad sexual ocurrieron entre el 2014 y el 2023 en una localidad del norte de San Luis, en el Departamento Ayacucho.
Los hechos
La fiscal María Delia Bringas solicitó este miércoles prorrogar la prisión preventiva por 60 días del imputado, petición a la que hizo lugar la Justicia de Garantía N° 4. En los próximos días, la jueza Luciana Banó fijará audiencia de control. El imputado enfrenta un pedido de condena de 30 años de prisión.
De acuerdo con la teoría del caso de la Fiscalía, los ultrajes comenzaron en 2014, cuando la hija del imputado tenía 6 años, y se extendieron hasta el 2023. “Los abusos ocurrieron en reiteradas oportunidades, conforme recuerda la menor, cuando veía a su padre, ya que, con la progenitora de la niña, se encontraban separados desde que la víctima tenía 7 años. El imputado amenazaba a su hija diciéndole que, si contaba lo sucedido, se quitaría la vida o le haría algo a la progenitora de la niña. En marzo de 2023, pude relatar los hechos a su mamá, y a mediados de ese mismo año, puede denunciar a su padre”, narró Bringas.
La segunda víctima sería una adolescente de 12 años y los abusos ocurrieron presuntamente entre el 2022 y el 2023. “El imputado vivía con una expareja en una propiedad dividida en tres partes, donde vivían también sus hermanas. En el 2022, la menor manifiesta que cuando se quedaba a dormir en lo de su tía, el imputado la manoseaba. En mayo de 2023 a la madrugada, el imputado, quien vive en un departamento contiguo a la casa de la menor, ingresó a donde estaba la niña y comenzó a tocarla, siendo esta la última vez ya que la menor se lo contó a su madre, quien interpuso la denuncia”, dijo la fiscal, quien estuvo acompañada por la fiscal adjunta Marisol Boschi.
El defensor de Niñez adjunto, Nahuel Lede, adhirió al requerimiento de la Fiscalía y aceptó la extensión de la prisión preventiva por 60 días para el imputado. La medida fue fundamentada en que el Tribunal de Impugnaciones ya había señalado un agravamiento en la acusación, dado el aumento de los delitos atribuidos. Además, se destacó el riesgo de entorpecimiento del proceso, debido a la relación de familiaridad del imputado con las víctimas y los testigos.
La defensora oficial en lo Penal, Stefanía Cifuentes, solicitó que el Juzgado de Garantía fije de manera inmediata una nueva fecha de control de acusación. Además, remarcó que su asistido lleva 270 días detenido.
La calificación legal atribuida
La acusación sostiene que los hechos investigados constituyen distintos delitos de abuso sexual cometidos contra dos adolescentes.
Por un lado, se lo acusa de abuso sexual simple (es decir, tocamientos u otros actos de índole sexual sin acceso carnal), agravado porque existía un vínculo familiar y una relación de convivencia con la víctima. Además, se le imputan dos hechos de abuso sexual con acceso carnal: uno de ellos agravado tanto por el vínculo como por la convivencia, y el otro agravado por el vínculo.
Por otra parte, respecto de la segunda adolescente, se lo acusa de abuso sexual simple agravado por la convivencia, y también de un hecho de abuso sexual simple sin agravantes.
Todos estos delitos se le atribuyen en concurso real, lo que significa que los distintos hechos se consideran de manera independiente y no se unifican en una sola conducta.
La palabra de la jueza
La jueza Luciana Banó resolvió prorrogar por 60 días la prisión preventiva del imputado, tal como lo solicitó la Fiscalía, con adhesión de la Defensoría de Niñez y la querella representada por Franco Capellini. Fundamentó su decisión en la necesidad de resguardar los riesgos procesales ante la gravedad de los hechos investigados, la pena provisoria solicitada y el contexto intrafamiliar de los delitos, con víctimas menores de edad y testigos pertenecientes al círculo parental del imputado.
Durante la audiencia, la magistrada instó al abogado de la querella a que evite el uso de estereotipos vinculados a las profesiones u oficios de las personas al valorar el riesgo de fuga, y señaló que cualquier individuo puede sustraerse del proceso con independencia de su ocupación. Asimismo, destacó que la prisión preventiva no implica un anticipo de pena, sino una medida cautelar indispensable para asegurar el normal desarrollo del juicio.
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