Indignación y profunda conmoción generó la confirmación de que el hombre detenido por el brutal ataque a una niña se encontraba en libertad condicional, pese a haber sido condenado a prisión perpetua. El individuo fue sentenciado en el año 2004 por el asesinato de su novia, Laura Natalia Chirino, de 17 años, un crimen que hoy sería encuadrado como femicidio, aunque esa figura penal aún no existía al momento de la condena.
El acusado pasó 21 años privado de su libertad en distintos complejos penitenciarios de la provincia de San Luis. No obstante, el 16 de octubre de 2025, el Juzgado de Ejecución Penal de Villa Mercedes le otorgó el beneficio de la libertad condicional.
Mientras gozaba de esa medida judicial, el sujeto fue señalado como presunto autor de un violento robo ocurrido este martes, pasadas las 13:00 horas, en una vivienda rural ubicada en Los Peros, a unos 6 kilómetros de Santa Rosa del Conlara. Según la investigación, la menor se encontraba sola en el domicilio cuando fue atacada y herida con un elemento cortante, quedando su vida seriamente en peligro.
Un hecho atroz conmueve a la zona rural de Los Peros, en cercanías a Santa Rosa del Conlara, y reaviva la indignación social sobre los criterios de la Justicia. Diego Domingo Ponce, un hombre que cumplió condena por un femicidio cometido en 2002, volvió a ser detenido tras atacar violentamente a una menor de edad.
El pasado martes, la comunidad se vio sacudida por un ataque brutal: una niña de apenas 10 años fue agredida con un elemento cortante. Tras el violento episodio, la víctima fue trasladada de urgencia al Hospital Madre Catalina Rodríguez, donde permanece internada bajo observación médica.
La policía logró capturar al agresor, identificándolo como Diego Domingo Ponce. Lo que generó una ola de repudio inmediata fue el prontuario del detenido: Ponce había pasado 21 años tras las rejas por un femicidio y se encontraba en libertad desde hace apenas unos meses.
En el año 2002, Ponce fue condenado a la pena máxima, prisión perpetua, por el asesinato de una mujer. Sin embargo, pese a la gravedad del delito original:
En octubre de 2025, el sistema judicial le otorgó el beneficio de la libertad condicional.
A menos de cuatro meses de salir de prisión, volvió a atacar, esta vez contra una menor en un entorno rural.
A ese caso se suma un dato revelador: en 2025, la jueza Villegas otorgó permisos extraordinarios a al menos 11 condenados por homicidio, robo y abuso sexual alojados en el Servicio Penitenciario Provincial.
Entre ellos, dos cumplen prisión perpetua —con vencimientos proyectados recién hacia 2048— y otros tienen condenas que se extienden hasta 2031, 2035 y 2037. No se trata de internos próximos a recuperar la libertad, sino de condenados por delitos graves y violentos que, aun así, accedieron a regímenes de flexibilización.
“La pregunta social ya está instalada: ¿Cómo se explica que alguien con estos antecedentes estuviera en la calle?“, resuena entre los vecinos de la zona.
Este caso pone nuevamente en tela de juicio los informes de progresividad de la pena y las decisiones de los jueces de ejecución. Mientras una familia atraviesa una situación límite y una niña se recupera de heridas físicas y psicológicas, la Justicia investiga el nuevo hecho bajo una presión social creciente que exige revisar por qué un condenado a perpetua por violencia de género recuperó la libertad para volver a delinquir.
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