El pasado miércoles, con la presencia de la autoridad de aplicación conformada por el secretario de Ética Pública y Control de Gestión, Ricardo Bazla, en nombre del Poder Ejecutivo; la secretaría administrativa del Superior Tribunal de Justicia, Ivanna Albarado, por el Poder Judicial; y el secretario Legislativo de la Cámara de Senadores, Said Alume, se desarrolló en la Caja Social el sorteo de los primero 60 funcionarios que fueron seleccionados para la realización del narcotest.
En este marco, el integrante de la secretaria Legal y Técnica, Karim Alume, indicó que la medida que está aplicando el estado es acertada. “Creo que es el primer paso de una medida acertada por parte del gobierno provincial que tiene que ver con algo que reclama la sociedad, la idoneidad de quienes ocupan lugares de decisión en los tres poderes del estado”.
La Ley de Ejemplaridad y Coherencia, que comenzó a aplicarse en San Luis, fue impulsada por la diputada Marisa Patafio y concretada por el gobernador Claudio Poggi quién firmó el 12 de noviembre del 2024 un decreto de aplicación voluntaria.
¿Cómo fue el procedimiento para realizarse el narcotest?
Alume, uno de los funcionarios que fue seleccionado para el narcotest, charló con el móvil de Radio Cadena Popular y detalló cómo fue el procedimiento al cual fue sometido.
“Venís, haces un análisis de orina, donde buscan determinados narcóticos, cosas que tienen que ver con estar en condiciones de llevar adelante una función pública y que no afecten las posibilidades de las decisiones que tome cada funcionario el Poder Judicial, el Poder Legislativo, o el Poder Ejecutivo y después te notifican”.
Tras el análisis, el integrante de la secretaria Legal y Técnica, expresó que la experiencia luego de haber sido sorteado y de concretar el examen quedó satisfecho y resaltó la importancia de la obligatoriedad de la Ley de Ejemplaridad y Coherencia.
“Habiendo tenido la experiencia de haber sido sido sorteado con determinados elementos que hacen la transparencia de este proceso que a mí por lo menos me gusta y me mantiene satisfecho con respecto a la transparencia que se busca”.
“Yo creo que está bien que sea obligatorio, porque si uno lee la ley, lo que la ley no busca es criminalizar o efectuar alguna denuncia, sino lo que busca es saber en qué condiciones está quienes toman decisiones que afectan al conjunto de la sociedad y después establece determinadas herramientas que tienen que ver con la posibilidad de acompañar a una persona que puede o no ser adicta”, cerró.
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