La jueza Natalia Lazarte Otero ordenó la prisión preventiva de Eduardo Luis Bonilla, uno de los detenidos por la distribución de pornografía infantil. En su poder se encontraron alrededor de 2.500 fotos y videos con material de abuso sexual explícito de menores en el operativo internacional “Aliados por la Infancia V” que incluyó allanamientos en la ciudad de San Luis.
La Fiscalía lo imputó por el delito de facilitación, distribución, publicación y divulgación de representaciones de menores en actividades sexuales explícitas y de sus partes genitales con fines predominantemente sexuales, agravado por tratarse de víctimas menores de 13 años.
“Contamos con elementos de convicción suficientes respecto a la existencia del hecho y la autoría del imputado”, justificó Antonella Córdoba, fiscal de Instrucción Penal de Género, Diversidad, Infancias y Adultos Nº 2.
Córdoba detalló que, del material encontrado en computadoras, DVDs y pendrives en el allanamiento en el barrio 123 viviendas, 370 archivos corresponden a abusos sexuales severos, con descripciones explícitas de niños, niñas y adolescentes.
“Bonilla facilitó y compartió activamente un total de 724 archivos en la red P2P BitTorrent, que fueron detectados como material de abuso sexual infantil en múltiples sesiones diarias y semanales”, precisó.
La Fiscalía remarcó la necesidad de que el imputado permanezca en un establecimiento penitenciario y no bajo arresto domiciliario o con tobillera, debido a que los delitos investigados se cometieron en el ámbito privado del hogar.
“Podría derivar en la alteración, eliminación o modificación remota de la evidencia al tratarse de un delito en un entorno digital”, alertó Córdoba, quien pidió 120 días de prisión preventiva por la cantidad de pruebas que deben analizarse.
[{adj:163184} Crédito: Rafael Barzola]
La defensoría oficial, representada por Estefanía Cifuentes Quiroga, cuestionó la medida por tratarse de un hombre mayor de 70 años, con medicación diaria por enfermedades endocrinológicas e hipertensión. Además, señalaron que Bonilla es el principal cuidador de su esposa de 82 años, enferma de Párkinson.
La defensa planteó la posibilidad de una prisión domiciliaria, sin acceso a dispositivos electrónicos ni internet. También sostuvo que, a pesar de tener aplicaciones complejas en sus equipos, el imputado no posee conocimientos avanzados en informática.
La fiscal respondió: “No se trata de desatender la vulnerabilidad del señor y su edad ni la de su esposa, pero entiendo que, analizadas las constancias del expediente, debe prevalecer la vulnerabilidad de los niños, que en este caso serían las víctimas”.
Finalmente, Córdoba aclaró que, tras comunicarse con las dos hijas de la esposa de Bonilla, quedó garantizado el cuidado de la mujer, por lo que ya no depende de la asistencia del imputado.
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