La provincia de San Luis continúa con la aplicación de la Ley de Ejemplaridad y Coherencia en el Ejercicio de la Función Pública, conocida popularmente como “Narcotest”, destinada a reforzar la transparencia y la integridad de los funcionarios de los tres poderes del Estado. A casi cinco meses de su implementación, el secretario de Ética Pública y Control de Gestión, Ricardo Bazla, presentó un balance preliminar que revela resultados mayoritariamente negativos, aunque con algunas excepciones.
Según detalló Bazla, de los 1.700 funcionarios alcanzados por la normativa, ya se sortearon 420 para someterse al examen toxicológico en los laboratorios de la Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia de la Universidad Nacional de San Luis. Aunque hubo inasistencias “en el 100% de los casos estuvieron justificadas por motivos asociados a su función pública y compromisos laborales”, aseguró el funcionario “de modo que no hay ningún incumplimiento, ni está registrado ningún caso de negativa o de personas que se nieguen a realizarse los exámenes toxicológicos que exige la Ley”, remarcó.
Sin embargo, los análisis no estuvieron exentos de hallazgos. Si bien no se precisó el número exacto, el secretario admitió que hubo casos positivos por consumo de clonazepam, un psicotrópico incluido dentro del grupo de las benzodiazepinas. Estos resultados, aclaró Bazla, corresponden a situaciones, las cuales deberán ser justificadas presentando la prescripción médica como respaldo.
Sobre esto, “se están siguiendo los procedimientos que establece la Ley, que es derivar cada caso al Centro de Prevención de Asistencia a las Adicciones, al CPAA, quien de acuerdo a los casos va a determinar la estrategia terapéutica que corresponda. También, de acuerdo a la Ley, existe el derecho de la persona que haya resultado positivo de pedir una contraprueba, que en este caso se realizará en la Universidad de Buenos Aires, de acuerdo al convenio que tiene la Universidad Nacional de San Luis con esa casa de estudios”, explicó Bazla.
Por otra parte, el funcionario subrayó que la Ley de Protección de Datos Personales impide difundir tanto la identidad de quienes dieron positivo como la cantidad total de casos. “No vamos a ser nosotros en ningún momento y en ningún caso los encargados de revelar esa información” puntualizó.
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