Rafael Berruezo, abogado a la madre de la víctima, solicitó que se provea una serie de medidas de pruebas a las que definió como “imprescindibles” para su teoría del caso ya que le permitirá demostrar “que los imputados sabían, al momento del hecho, que Diego Gatica era policía de la provincia de San Luis”.
La solicitud del abogado incluye la declaración de testigos, la remisión de material filmográfico de las videocámaras ubicadas sobre Avenida Eva Perón N° 3300, el libramiento de oficio al Centro de Monitoreo de Patentes, el peritaje al teléfono celular Motorola perteneciente a Diego Gatica, con el material fotográfico o video de interés para la causa que surjan entre 2020 hasta 5 de septiembre de 2022; como así también la reconstrucción del hecho.
Por ello, la Dirección del Colegio de Jueces remitió la presentación del particular damnificado a Fiscalía de Juicio N° 1 “a efectos de que se le dé el trámite que estime corresponder”, y suspendió las audiencias fijadas para esta semana.
El crimen
Ocurrió el 5 de septiembre de 2022, alrededor de las 19:30 horas. Diego Gatica circulaba en su bicicleta por la avenida Eva Perón a la altura del barrio Tibiletti, cuando fue sorprendido por un grupo de jóvenes, entre los que se encontraban menores de edad, quienes lo interceptaron, le pegaron en la cabeza con una piedra, lo tiraron al piso y le sustrajeron una bicicleta blanca marca Venzo y sus zapatillas. Seis días después, a causa de una falla multiorgánica, Gatica falleció en el Hospital Central Ramón Carrillo. Tenía 30 años y prestaba servicio en la División de Respuesta Inmediata Motorizada (DRIM). El día del ataque estaba de franco.
Los implicados
Lautaro Mauricio Cruz, la fiscal solicitó 25 años de prisión por el delito de homicidio en ocasión de robo agravado por la participación de menores. Con respecto a Maycol Lautaro Bustos y Alexis Uriel Cuello, la fiscalía los acusó de partícipes secundarios del delito de homicidio en ocasión de robo y pidió 5 años de prisión para el primero y 8 años para el segundo.
A los otros tres jóvenes implicados, Enzo y Esteban Colombo y Omar Ortiz, se les dictó la suspensión de juicio a prueba y no irán a debate oral, pero deben cumplir con tareas comunitarias, realizar un resarcimiento económico y cumplir reglas de conductas. Enfrentaban pedidos de pena que iban de los 2 años a los 10 meses por desobediencia a la autoridad, encubrimiento agravado y encubrimiento agravado con ánimo de lucro, delitos susceptibles de pena de ejecución en suspenso.
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