En la tarde del sábado, la abogada previsional, Andrea Falcone, se hizo presente en el piso de A24. Durante la transmisión del noticiero, la especialista se refirió a la actual situación de los jubilados y explicó qué podría llegar a hacer el gobierno de Alberto Fernández al respecto. Luego de los bonos otorgados en diciembre y febrero, el oficialismo debe resolver cuál será el aumento a partir de marzo.
En primer lugar, la letrada hizo hincapié en el aspecto judicial de la problemática. Al respecto explicó: “Legalmente, los aumentos de marzo y junio que se vienen no se pueden no respetar la ley de movilidad”. Según lo planteó la experta en materia judicial, el aumento “es un derecho adquirido” y como tal, debe ser cumplido por el estado nacional.
A su vez, Falcone advirtió sobre las consecuencias legales que puede llegar a tener la nueva política previsional. Sobre este punto, la experta precisó: “El jubilado ya tiene la movilidad en el bolsillo y suspenderla es una situación inconstitucional”. Según lo remarcó Falcone, si el gobierno no otorga un aumento de al menos el 11,56% para la totalidad de los jubilados, entonces no se estaría respetando la ley.
Al respecto agregó: “Tomar la decisión de no pagar el 11,56% a todos los jubilados es inconstitucional”. Si bien aún no se dio a conocer cuál será la nueva medida, la gestión de Alberto Fernández y su equipo económico otorgarían montos fijos que superen el porcentaje de la fórmula establecida por Mauricio Macri.
Finalmente, la especialista remarcó que el sistema previsional sufre una importante crisis y está en riesgo su sustentabilidad. Para Falcone, parte del problema es el trabajo en negro: “Hay casi 40% de empleo informal. Eso implica que, aunque tenga salarios buenos, no están reflejados en mis aportes”. Luego sentenció: “Lo que condena a los jubilados a la mínima es el trabajo en negro”.
El Intransigente
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