La desocupación muestra el feroz ajuste sobre el sector privado

El argumento por excelencia que se usaba y se sigue usando para explicar por qué no se puede reestructurar el sector público es que se dejaría en la calle a mucha gente.

La típica pregunta que formulan quienes se oponen al ajuste es: ¿y qué hacemos con la gente que queda desocupada del sector público

si se reforma el estado? Obviamente, cuando se habla de reformar el Estado no se hace referencia únicamente al sector público nacional, sino que también incluye reformar los estados provinciales y municipales.

Los datos de desocupación del segundo trimestre de 2018 que acaba de informar el Indec muestran que la desocupación llegó al 9,6%, casi un punto más que en el segundo trimestre de 2017.

Ahora bien, si el Estado, en ninguno de sus niveles, está haciendo el ajuste del empleo, cae de suyo que el ajuste recae sobre el sector privado. Como se sabe, todos los meses pasan a buscar un cheque por la ventanilla del Estado algo más de 21 millones de personas, 17 millones entre jubilados, pensionados, AUH, planes sociales de todo tipo, pensiones no contributivas, etc. Empleados en relación de dependencia en el sector privado hay, en blanco, solo 6,2 millones de acuerdo a la información que brinda la Secretaría de Trabajo.

Si a los empleados en relación de dependencia del sector privado le sumamos los autónomos, los monotributistas, los monotributistas sociales y los empleados en casas particulares, llegamos un total de 9,1 millones de personas trabajando en el sector privado. Aun así, que 9,1millones mantengan a 21 millones no cierra.

El problema básico es que el sector privado no crea puestos de trabajo hace rato. Comparando junio de este año con enero de 2012, el sector privado creó solo 117.000 nuevos puestos de trabajo. En el mismo período, el empleo público (nación, provincias y municipios) aumentó en 622.400 puestos de trabajo. Casi el 50% del 1,3 millones de nuevos puestos de trabajo (incluyendo monotributos, monotributo social, autónomos, etc.) se explica por el aumento del empleo público.

 

Considerando el exceso de personal en el Estado, en los tres niveles de Gobierno, podemos afirmar que el 9,6% de desocupados es un dato “mentiroso” no porque el Indec no sea serio, sino porque se está computando gente que figura como ocupada en el sector público pero que en realidad no produce nada que sea útil para la población.

Dicho en otras palabras, se esconde en el sector público parte de la desocupación. Comparando el promedio de puestos de trabajo en el segundo trimestre de 2018 con el mismo período de 2017, de acuerdo a los datos de la Secretaria de Trabajo, no se observan caídas en ninguno de los rubros que integran los puestos de trabajo totales en blanco.

¿Qué se observa en los datos el Indec? Un aumento en la población económicamente activa de 398.000 personas más comparando ambos trimestres. Esto es porque jóvenes se incorporan al mercado laboral o hay más gente que compone ese universo.

En otras palabras, puede estar creciendo la desocupación porque hay más gente en edad de trabajar y/o porque personas que antes no buscaban trabajo ahora lo buscan, en tanto que el sector privado no crea más puestos de trabajo por falta de inversiones o no los crea al ritmo que crece la demanda de trabajo.

Si hay más gente buscando trabajo que antes no buscaba, puede estar indicando que el ajuste que sufre el sector privado obliga a una parte de la familia a buscar trabajo para sostener su nivel de consumo. Puesto en otras palabras, las escasas familias que producen en el sector privado tienen que buscar más trabajo para sostener a los 21 millones que todos los meses pasan por el Estado a buscar su cheque,

Unos ajustan, otros no

De todo lo anterior se desprende lo siguiente. ¿Qué hacemos con la gente que queda desocupada del sector público? Y ¿qué hacemos con todas las personas del sector privado que quedan desocupadas o buscan trabajo para mantener a planeros, empleados públicos y jubilados? ¿Esa gente no tiene derechos? Voy a ponerlo de otra manera, ¿no es inhumano que un grupo de personas del sector privado tenga que soportar una carga casi de esclavitud sosteniendo a millones de personas que viven del fruto del trabajo ajeno?

Aquí estamos en un círculo vicioso. Mientras no se baje el gasto público (incluido el empleo estatal), no se reduzca la carga impositiva y no se tenga una legislación laboral que no espante a las empresas a la hora de contratar personal, la economía no va a tener grandes inversiones, no se crearan suficientes puestos de trabajo y el peso del estado sobre el sector privado será cada vez mayor por achicamiento del sector privado.Por el contrario, la brecha fiscal se intenta cerrar expoliando más al sector privado con mayor presión impositiva y postergando rebajas de impuestos anunciadas oportunamente. 

En estas condiciones, en que la dirigencia política se niega a bajar el gasto público, lo único cierto es que el sector privado está condenado a morir por esclavitud impositiva, hasta que llegue un punto en que no haya nadie en el sector privado para mantener a planeros, empleados públicos y jubilados.

RESUMIDO  de Roberto Cachanosky

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