En una sesión maratónica y cargada de tensión política, la Cámara de Diputados de la Nación dio media sanción al proyecto que reduce la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. La iniciativa, impulsada por el Ejecutivo y defendida por la ministra Patricia Bullrich, obtuvo 149 votos a favor y 100 en contra.
El oficialismo (La Libertad Avanza) logró el respaldo del PRO, la UCR, el MID y bloques provinciales para alcanzar la mayoría. Por su parte, el peronismo votó mayoritariamente en contra, aunque con fisuras: un sector del massismo acompañó la baja de la edad, pero con un dictamen propio que limita la prisión solo a delitos de extrema gravedad.
Puntos centrales del proyecto aprobado:
Edad de punibilidad: Se fija en 14 años.
Penas máximas: Se establece un tope de 15 años de prisión (se prohíbe la reclusión perpetua).
Separación estricta: Los menores no podrán compartir lugares de detención con adultos.
Sanciones alternativas: Para delitos menores a 3 años, se descarta la cárcel y se priorizan medidas educativas y restaurativas.
La diputada Laura Rodríguez Machado (miembro informante) aseguró que el sistema busca la resocialización y no solo el castigo: “No queremos amontonar menores, sino dar garantías de un debido proceso”.
Desde la oposición, la diputada de Unión por la Patria Victoria Tolosa Paz cuestionó con dureza el proyecto y denunció que detrás de la iniciativa hay “una campaña de marketing” instalada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, bajo la consigna “delito de adulto, pena de adulto”. “Le puede servir para una campaña electoral, pero se aleja de la responsabilidad de sacar adelante este país”, advirtió.
Desde la izquierda, la diputada Myriam Bregman rechazó el proyecto y advirtió que el nuevo régimen penal juvenil ampliará las facultades policiales para hostigar a jóvenes de los barrios populares. “La criminalización efectiva siempre cae sobre los hijos de la clase trabajadora”, afirmó, y cuestionó que el Gobierno del “no hay plata” destine recursos a la persecución penal de menores. “Decimos no a la baja de imputabilidad. El que lo vote que sienta vergüenza”, lanzó.
El texto aprobado también contempla una partida presupuestaria de más de 23 mil millones de pesos para garantizar el funcionamiento de defensorías y del sistema de justicia especializado. El proyecto ahora pasa al Senado, donde se espera una discusión igual de intensa.
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