La abogada Soledad Poma, representante de dos de los acusados —un mayor y un menor—, aseguró que las versiones de los testigos son contradictorias. La fiscalía aún no habría aportado la totalidad de las pruebas de cargo.
El homicidio de Moyano, ocurrido a plena luz del día el pasado viernes en el Barrio Primero de Mayo, continúa en una etapa procesal crítica. La defensa de dos de los señalados como coautores, ejercida por la Dra. Soledad Poma, se encuentra actualmente transitando los ocho días de prórroga constitucional para intentar mejorar la situación de sus clientes antes de la formulación de cargos.
Los defendidos enfrentan cargos de extrema gravedad. El mayor, Hugo Alejandro Barroso, está acusado de homicidio triplemente agravado (por el uso de arma de fuego, el concurso premeditado de dos o más personas y la participación de un menor). Por su parte, el menor de edad enfrenta una acusación de homicidio doblemente agravado.
Respecto al menor, la letrada logró que permaneciera alojado en el domicilio de un familiar directo durante la prórroga. “Las condiciones de la Comisaría del Menor no son aptas; estaríamos incumpliendo garantías constitucionales y tratados internacionales de niñez”, explicó Poma.
Uno de los puntos centrales de la estrategia defensiva radica en las inconsistencias de los relatos recabados hasta el momento. Según la abogada, mientras algunos testigos mencionan haber visto a dos personas en el vehículo desde donde se efectuaron los disparos, otros aseguran que eran cinco.
“Las declaraciones aportadas por el Ministerio Público Fiscal son totalmente contradictorias. Unos dicen que fue de una manera, otros de otra. Será cuestión de investigar para establecer cómo fueron ciertamente los hechos”, señaló la abogada.
Poma denunció que, si bien tuvieron acceso parcial al legajo, la fiscalía aún no ha completado la entrega de evidencias fundamentales. “Seguimos esperando cámaras de domos gubernamentales y otras pruebas. No podemos avanzar si no aportan todo el material con el que acusan”, afirmó.
Ante la consulta sobre una posible condena, la abogada fue clara: la calificación actual prevé la prisión perpetua, aunque consideró que es “muy prematuro” dar certezas dado que aún no se ha podido contrastar fehacientemente la acusación fiscal con la realidad de los hechos.
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