Una compleja causa judicial que involucra presuntas estafas con propiedades inmobiliarias en San Luis dará un paso crucial el próximo miércoles 20 de agosto. Ese día, a las 9:00, en la sala de juicios orales de la Primera Circunscripción Judicial, se desarrollará la audiencia en la que la Fiscalía formalizará los cargos contra doce imputados, acusados de integrar una presunta estructura criminal dedicada a la apropiación ilegítima de bienes raíces mediante fraudes procesales, falsificación de instrumentos públicos y privados, estafas y usurpaciones.
El Fiscal de Instrucción Nº 1, Francisco Assat, lidera la investigación que ya lleva más de un año en curso y que, según explicó, no tiene antecedentes en la provincia por su nivel de sofisticación: el grupo actuó aparentemente dentro de expedientes civiles simulando litigios para apoderarse de propiedades, principalmente de adultos mayores en situación de vulnerabilidad o no residentes en la provincia.
“Esa averiguación preliminar fue larga y ahora estamos en condiciones ya de formalizar la investigación, es decir, que nosotros vemos un caso penal y vemos serias chances de que si esto lo llevamos a juicio, vamos a obtener una condena”, afirmó Assat.
Los acusados convocados a la audiencia son Juan Cruz Domínguez, Pablo Héctor Herrera, Hugo Alberto Guzmán, Juan Alberto Sosa, Alberto Javier Ochoa, José Héctor Jofré, Mario Cristian Vega, Carlos Mario Peralta, Roberto Daría Córdoba Gordillo, Héctor David Escobar, María de los Ángeles Toscano y Walter Luis Alejandro Terceros. La fiscalía presentará en esa instancia los detalles de su teoría del caso, incluidos los roles específicos dentro de la presunta asociación.
La causa se inició tras una denuncia presentada por dos abogados que identificaron un esquema recurrente en expedientes civiles donde aparecían las mismas personas, con mecanismos similares. Esa alerta derivó en un pedido de informe informático a la Procuración General, que permitió detectar coincidencias sospechosas entre distintos casos judiciales.
El foco de la organización, según la investigación, estuvo puesto en propiedades ubicadas en San Luis capital y alrededores, aunque se identificaron intentos de fraude en otras regiones de la provincia, donde se forzó la competencia jurisdiccional para litigar en la capital.
La figura penal central es la de asociación ilícita, cuya pena puede extenderse hasta los diez años de prisión, e incluso más si se prueba que algunos de los acusados actuaron como organizadores o jefes del presunto entramado.
La audiencia del 20 de agosto marcará el inicio formal de la etapa penal, en un expediente que podría sentar jurisprudencia en la provincia sobre cómo investigar asociaciones ilícitas en el marco de expedientes civiles. Pues “normalmente era algo que no se investigaba porque no se denunciaba y los ardides, es decir, los engaños, son muy difíciles de detectar al ojo de la persona común”, explicó el fiscal.
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