La investigación por el violento homicidio de Carlos Javier Moyano, ocurrido el pasado 13 de febrero en la zona oeste de la ciudad de San Luis, sumó este fin de semana un capítulo judicial clave. Tras una intensa búsqueda, efectivos del Departamento de Investigaciones (DG-13) lograron la detención de Hugo Alejandro Barroso, quien permanecía prófugo con un pedido de captura vigente.
En la reciente audiencia de formulación de cargos, bajo los lineamientos del artículo 110 del Código Procesal Penal, la situación procesal de Barroso se agravó significativamente al ser imputado por homicidio triplemente agravado, una calificación que refleja la premeditación y la alevosía con la que se habría ejecutado el ataque a balazos.
El arresto de Barroso fue el resultado de dos allanamientos simultáneos ordenados por el Juzgado de Garantía N° 3, a cargo de la Dra. María Agustina Dopazo Samper, en domicilios de los barrios La República y Eva Perón.
Durante los procedimientos, las fuerzas de seguridad no solo dieron con el sospechoso, sino que también incautaron material probatorio de alto valor: una carabina calibre .22 marca Bataan, abundante cartuchería de calibres 9 mm y .32, teléfonos celulares, prendas de vestir y dinero en efectivo. Estos elementos están siendo peritados para determinar su vinculación directa con la escena del crimen, donde Moyano fue interceptado y acribillado desde un vehículo.
Durante la audiencia, los defensores particulares de Barroso, la Dra. Soledad Poma de Otaegui y el Dr. Hanna Abdallah, hicieron uso de la facultad prevista en el artículo 40 de la Constitución Provincial y solicitaron la prórroga de ocho días.
Este plazo legal tiene como objetivo permitir que la defensa técnica tome conocimiento detallado de la profusa prueba presentada por el fiscal de Instrucción N° 3, Dr. Esteban Roche, y pueda ejercer plenamente el derecho de asistencia al imputado antes de que se resuelva su situación de reclusión preventiva.
El caso, que originalmente se instruyó como una “Averiguación de Homicidio Agravado por el Uso de Arma de Fuego y por el Concurso Premeditado de Dos o Más Personas”, mantiene en vilo a la comunidad por la frialdad del ataque perpetrado en la vía pública. Con el secuestro de las armas y la detención de los principales sospechosos, la fiscalía busca reconstruir el rompecabezas de una ejecución que, según las hipótesis actuales, habría sido planificada meticulosamente. El detenido y los objetos secuestrados permanecen a disposición de la justicia mientras corre el reloj de la prórroga constitucional.
Fuente: Móvil de Radio Popular.
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