Durante la audiencia de formulación de cargos celebrada este domingo por la tarde, la fiscalía encuadró el hecho bajo la carátula de homicidio doblemente agravado por el uso de arma de fuego y por la participación de dos o más personas. Pese a la gravedad de la acusación, el detenido optó por su derecho constitucional de abstenerse de declarar ante el magistrado interviniente.
El episodio que originó la causa tuvo lugar alrededor de las 20:00 del viernes sobre la avenida Quinto Centenario, en el sector oeste de la capital puntana. Según la reconstrucción preliminar de los investigadores, el ataque ocurrió a escasos metros de un templo religioso de la zona, donde Moyano fue interceptado y herido de muerte.
La calificación penal elegida por el Ministerio Público Fiscal sugiere que Barroso no habría actuado solo, lo que mantiene abiertas líneas de investigación para identificar a posibles cómplices en el ataque armado.
Tras la lectura de los cargos y las pruebas recolectadas hasta el momento, el abogado defensor del imputado, Guillermo Levingston, solicitó la prórroga constitucional de ocho días.
Este recurso técnico le permitirá a la defensa contar con mayor tiempo para analizar el expediente y recolectar elementos que puedan contrarrestar la hipótesis fiscal antes de que el juez resuelva la situación procesal definitiva del acusado y determine si dictará la prisión preventiva.
Por el momento, Barroso permanecerá bajo custodia policial mientras se cumplen los plazos legales solicitados por su representación. En los próximos días, se espera que el personal de Criminalística y la división de Homicidios aporten nuevos peritajes sobre las armas involucradas y testimonios de vecinos que permitan esclarecer la mecánica del asesinato que alteró la calma de la zona oeste durante el inicio del fin de semana.
Fuente: El Chorrillero.
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