El proceso administrativo, impulsado por la Dirección de Asuntos Internos, investiga el accionar del comisario general retirado, quien utilizó plataformas digitales para cuestionar los niveles salariales de la institución e instar al personal uniformado a realizar protestas, acompañando sus mensajes con imágenes de móviles, equipamiento oficial y efectivos en servicio.
El fundamento del sumario radica en que, a pesar de su situación de retiro y su actual cargo legislativo, Neira conserva el denominado “estado policial”, lo que lo mantiene sujeto al régimen disciplinario y a las leyes provinciales que prohíben a los integrantes de la fuerza realizar propaganda tendenciosa o fomentar el malestar interno.
Según la normativa vigente, se consideran faltas de máxima gravedad el enfrentamiento público con autoridades del Poder Ejecutivo y la participación o adhesión a manifestaciones que afecten la seguridad pública. El expediente, que podría derivar en sanciones que van desde un apercibimiento hasta la exoneración, será analizado por la Dirección Provincial de Sumarios Administrativos para garantizar la imparcialidad del proceso.
En paralelo a la vía administrativa, la Fiscalía de Estado radicó una denuncia penal contra el legislador por el presunto delito de “incitación a la violencia colectiva”. Las autoridades judiciales sostienen que los posteos de Neira, difundidos en un contexto de tensión salarial en otras provincias, buscaron generar perturbaciones en el orden público y afectar el normal funcionamiento de los servicios de seguridad.
La fiscalía presentó capturas de pantalla y material gráfico como evidencia, argumentando que la condición de exjefe del denunciado le otorga una idoneidad especial para influir en el ánimo del personal policial y provocar situaciones de desorden institucional.
Darío Neira, quien accedió a su banca en la Cámara de Diputados por el departamento Pueyrredón bajo el ala del exgobernador Alberto Rodríguez Saá, mantiene un perfil controvertido en la opinión pública local. Su gestión como jefe de la Policía estuvo marcada por la desaparición de Guadalupe Lucero en 2021, un caso que aún permanece sin resolución y que generó fuertes críticas hacia su desempeño y el de la cúpula de seguridad de aquel entonces.
Fuente: El Chorrillero.
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